ACOTACIONES A UNA LECTURA DE VÍCTOR G. RICARDO
En torno a la naturaleza del régimen y la solución política

Por Pablo Catatumbo
Integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP

Por estas breñas llegan libros. Algunas veces aporreados y humedecidos por el largo camino, otras veces a destiempo, cuando resultan ya caducos. Esta vez nos llega uno cuya lectura nos interesa a quienes combatimos por la paz. De su contenido podemos divergir, pero no dejar de resaltar su aporte al debate público en torno a la solución definitiva al conflicto. Se trata del escrito El libro de la paz sigue abierto y sólo se cerrará el día que la alcancemos: Apuntes sobre el proceso de paz del Presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), de quien fuera el Comisionado de Paz del Gobierno Pastrana, Víctor G. Ricardo. Desde estas montañas saludamos el espíritu abierto y desprejuiciado del autor, testigo de primera mano del esfuerzo titánico que las FARC-EP dispusimos en el Caguán para el logro de la paz que Colombia anhela. Como la lucha por ella sigue vigente, valoramos altamente la preocupación de Ricardo por dedicarle un tiempo a esta reflexión. Debemos partir del hecho de que Ricardo se presenta a sí mismo como representante de la llamada “ala progresista del Partido Conservador” (el llamado ospino-pastranismo), la cual en sus palabras, ha sido siempre “amiga del desarrollo industrial y la convivencia pacífica en Colombia”, recogiendo el legado republicano de Carlos E. Restrepo. En nuestra opinión, todas las voces y todos los matices ideológicos son bienvenidos al debate nacional sobre la paz en Colombia. Es obvio que el aporte conservador resulta de gran valía. Me parece de vital importancia resaltar dos apartes específicos de dicha publicación: El primero, de carácter histórico. Ricardo sostiene, que: “en el caso de nuestro país, el fracaso de la paz, es el fracaso de la “reforma agraria parcelaria”. Ricardo critica fuertemente la ley 135 de 1961, la pretendida “ley de reforma agraria” del gobierno de Lleras Camargo como ajena a nuestra realidad, derivada del auge de las reformas agrarias surgidas de las revoluciones mexicana y cubana. Y lo hace el autor defendiendo la economía cafetera, que en su opinión hacía completamente innecesaria una redistribución de la propiedad de la tierra. Este asunto requiere un tratamiento a profundidad. En primer lugar, porque no puede olvidarse que la propuesta legislativa de Lleras, resultó de la convergencia de la propuesta contrainsurgente de la “Alianza para el Progreso” del gobierno norteamericano, con las tímidas expectativas reformistas de un sector del liberalismo. Como consecuencia, no fue más allá de una simple reforma marginal, orientada a la ampliación de la frontera agrícola, la legalización de ocupaciones ya existentes y un asomo de introducción plena de las relaciones capitalistas en el campo, al tiempo que actuaba como cortina de humo del Plan LASO aplicado contra las resistencias campesinas. Vale decir que los efectos redistributivos de esta reforma fueron tan nimios, que treinta años más tarde,por medio de la ley 160 de 1994, el Banco Mundial forzó, sin mayores resultados, la introducción de mecanismos que agilizaran los mercados de tierras,a fin de reducir los efectos de su monopolio en las exportaciones agrícolas. En segundo lugar, porque de las pretendidas bondades democratizadoras de la economía cafetera se ha escrito ya bastante y desde varias orillas ideológicas, develando su carácter excluyente, acumulador y monopolista, como lo demuestra el actual estado de las cosas en las regiones cafeteras de nuestro país. Relievamos este tema, pues la reforma agraria ha sido una de las banderas históricas de nuestro Movimiento. Por esto mismo, consideramos que es preciso ahondar sobre el debate frente a ésta. De nuestra parte, al reivindicarla no buscamos un sencillo calco y copia de experiencias previas de otros pueblos, indudablemente valiosas, sino que apelamos al caudal creativo de nuestros campesinos, indígenas y afro descendientes, quienes han sido los directos afectados por el latifundio, la violencia estatal – paramilitar – mafioso terrateniente yla hacienda improductiva. Para las FARC-EP la reforma agraria no es una simple repartición matemática de tierras, sino la consecución de un hecho de equidad y justicia social, del anhelado buen vivir para todos los habitantes del campo, el retorno a los valores de la colectividad y la comunidad, y, consecuente con todo esto, el logro de una verdadera producción nacional y de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. La cuestión de la tierra ha sido, sin lugar a dudas, el asunto determinante de los conflictos sociales en la historia colombiana. No es capricho atribuirle este lugar transversal, pues su presencia es rastreable hasta en los propios momentos de la lucha independentista y en los primeros años de vida republicana. Las tensiones por la tierra han enfrentado durante décadas a los que la poseen en demasía y la utilizan para beneficio particular, y los que no tienen acceso a ella y exigen una función social para beneficio de toda la Nación. En momentos en que el gobierno Santos abre las puertas a la agroindustria expoliadora de los nuevos llaneros, y en que la extranjerización de la propiedad de la tierra se convierte un secreto a gritos, la cuestión agraria ocupa nuevamente el centro del debate nacional. El segundo aspecto que pretendemos comentar es la hipótesis central del libro de Ricardo: “El fracaso político de Colombia no es resultado de un fracaso económico. Nuestro conflicto no puede ser explicado por la extensa mancha de pobreza; pero sin ella tampoco puede ser entendido”. “Tampoco puede ser explicado por la permanencia de la deuda histórica de exclusión y de cerrazón política que tuvo su mayor momento el 9 de abril de 1948 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán”. “Pero esa deuda existe y fue presentada en términos sencillos y profundos por el comandante de las FARC Manuel Marulanda en su carta a la comunidad internacional, conocida como la Carta de la Silla Vacía…” A partir de allí concluye: “el origen de la guerra no es otro que la inmovilidad de régimen político, la cerrazón frente al opositor, el temor ante los cambios”. Y más adelante agrega: “Nuestra hipótesis es simple: la incapacidad del establecimiento y sus élites para garantizar una participación electoral limpia y transparente de las fuerzas revolucionarias, ha frustrado la salida pacífica de los conflictos”. “Muchos, muchísimos de esos conflictos han sido originados por los abusos y excesos de la expresión política y militar de las élites y por la feroz defensa de sus intereses económicos y privilegios sociales, que han conducido a la inequidad, la concentración del ingreso y la defensa a sangre y fuego del statu quo”. “Parapetada en una ideología basa en la consigna “Nacimos para mandar”, la élite colombiana se caracteriza por ser una de las élites más resistentes a los cambios y progresos de la política a nivel mundial…” “Si la élite se hubiera mostrado más abierta a abrir los rizomas (canales) de participación electoral de la oposición, aún de la oposición armada, el proceso colombiano habría economizado centenares de vidas humanas, de daño físico y biológico, de destrucción de la riqueza y de terror” Hemos de resaltar que esta hipótesis no proviene de la pluma de un comandante guerrillero, ni de un militante de izquierda, ni mucho menos de un dirigente sindical. Quien sostiene esto es un declarado conservador y ex funcionario de un gobierno de centro derecha. El autor, en muestra de su apertura al debate, señala que dicha hipótesis es perfectamente discutible, invitación que aceptamos. Desde los Acuerdos de La Uribe en 1984 hemos insistido en que éste ha de ser el factor a discutir en los escenarios de diálogo Estado – Insurgencia: qué régimen requiere nuestra Nación. Una discusión que no tiene nada de extremista ni de ultra revolucionaria, pero que ha sido sistemáticamente ocultada por los medios masivos de comunicación, demostrando cuánto le duele a la oligarquía criolla este debate, y lo aferrados que están al aparato estatal como mecanismo garante de la acumulación y la reproducción de sus condiciones de existencia. Colombia sufre las consecuencias de su no ingreso a la modernidad política. En nuestro país no se ha dado la apertura democrática por la que han transitado la mayoría de los países de la región. Por ello, el régimen imperante es lo que es: antidemocrático, burocrático, reaccionario, oligárquico, mafioso, corrupto. Es el régimen del manzanillismo, la componenda y el serrucho. Por eso falla el presidente de las locomotoras, Juan Manuel Santos, cuando espera, inocente o pérfidamente, que el crecimiento de la Nación se dará por la simple instauración de una discursiva oficial desarrollista y presuntamente democrática. Sabemos que no somos los únicos que insistimos en el cambio de régimen en Colombia. Sabemos que este es un anhelo de nuestro pueblo, de los trabajadores y campesinos, de las comunidades étnicas, de las organizaciones democráticas y progresistas. Pero no sólo es una reivindicación del campo popular, es una necesidad de los sectores productivos, de los gremios. Se trata de una profunda pretensión patriótica sin la que nuestra Nación no podrá desarrollarse ni caminar la senda que trazaron Bolívar y los padres de la Patria. La relación entre conflicto y régimen imperante es constante en nuestra historia. Magnicidios de demócratas y patriotas como Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo o Carlos Pizarro demuestran los estrechos márgenes de lo que los áulicos de la oligarquía denominan la democracia más antigua de América Latina. Por eso recobra toda importancia la videoconferencia que el camarada Alfonso Cano enviara a la Universidad Santiago de Cali en tiempos del Caguán. Con el nombre: ¿Qué Estado necesita Colombia?, se condensan en ella muchas de las reflexiones que nuestro comandante derivó de su experiencia militante y que son hoy guía de la actividad fariana. Remarca nuestro camarada que el Nuevo Gobierno, representativo de las mayorías de la Nación, habrá de edificarse “en base a la concepción y práctica de la democracia directa como columna vertebral de la conducción política de la nación. Porque como dijo El Libertador Simón Bolívar ‘La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones’. Se trata de eliminar las corruptas interferencias gamonalistas que se le han atravesado al pueblo para el ejercicio pleno de su soberanía, priorizando y generalizando mecanismos como los plebiscitos, referendos, cabildos, asambleas populares, consultas y controles directos”. Enmarcados en lo anterior podemos abordar la discusión que el mismo Víctor G. Ricardo plantea en su citado documento: el problema de cómo llegar a la paz, de cómo se logra una solución política. He allí otro punto candente sobre el que usualmente se habla mucho, pero con poca profundidad. La solución política es el primer punto de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, y en su eficaz logro se cifran los esfuerzos de todos y cada uno de los frentes, columnas y bloques de nuestras FARC-EP en toda la geografía nacional. Por ello mismo, la extrema derecha, sus medios y el militarismo han iniciado una intensa campaña de desprestigio en contra de la solución política. Campaña que demuestra el carácter fascista de estos sectores que no vacilan en recurrir métodos propios de los nazis para denostar nuestro esfuerzo. Frente a la bandera de la solución política es necesario dejar puntos claros, que son insumos para escritos y debates aún más amplios, pero que es preciso empezar a proponer a la opinión pública. Primero nos referiremosal extendido mito fabricado en las mentes de los más fanáticos integrantes de la extrema derecha: se trata de la afirmación de que para la guerrilla la solución política es la transición directa al socialismo. Al recurrir a viejas consejas, propias del macartismo y los más trasnochados laureanistas,se pretende instaurar el temor al Ogro Rojo que viene a socializar los medios de producción y a prohibir la compra de bienes de consumo personal. La verdad es muy distinta. La solución política se enmarca para nosotros en la real apertura democrática, la generación de espacios de verdadera inclusión política para una sociedad fragmentada que viene de cruentos años de confrontación militar. El escenario posible que se abre con la solución política es el de una democracia avanzada, pluralista y popular. En segundo lugar, cabe poner en su lugar otra extendida aseveración. Según ella, la solución política es una propuesta irreal y utópica: la guerrilla sólo hablaría de ella cuando en Colombia se erradique el último pobre y se alfabetice el último iletrado. Esta reducción cantinflesca, que parece inocente pero responde a cruentos intereses soterrados, sólo busca generar un manto de duda sobre las propuestas que los farianos hemos puesto en el debate público para el logro de la paz. Quienes defienden esta tesis son, indudablemente, los verdaderos enemigos de la paz. Finalmente conviene desmontar aquello de que la solución política no pasa de ser un acuerdo o contrato suscrito exclusivamente entre el Estado y la guerrilla. Nosotros somos los primeros en oponernos de modo radical a esta concepción. Somos plenamente conscientes de que no podemos hablar de paz duradera y de un nuevo país democrático partiendo de un simple pacto en las alturas. La paz y la Nueva Colombia la construiremos entre todos los ciudadanos de nuestra Nación. Sólo con la participación activa y el concurso consciente de los gremios, los sindicatos, las juntas de acción comunal, las federaciones de profesionales, las asociaciones de productores, los cabildos indígenas, los consejos comunitarios, de afro descendientes, la comunidad LGBT, los deportistas, los trabajadores de la cultura, los colectivos estudiantiles, las organizaciones femeninas, los barristas del fútbol y todas y cada una de las expresiones de los diversos matices de nuestra Patria, podrá ser posible la realización de esta meta en la que llevamos empeñados desde hace ya muchos años. Por ello quisiéramos llamar la atención sobre nuestra Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia. Se trata de una propuesta para todos los colombianos, una propuesta en construcción que sometemos a la discusión abierta y franca de todos los interesados, como nosotros, en encontrar el camino expedito hacia la solución política.